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jueves , 18 julio 2019

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Canje de pasajes del Senado: privilegios y desigualdad ante la ley

Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
marzo 29, 2019 8:23 am by: A+ / A-

INFOBAE – Hace poco menos de un año publiqué en este mismo espacio una nota acerca de una de las derivaciones de un vergonzoso episodio destapado por Infobae sobre el «festival de canje de viajes» en la Cámara de Diputados. El viernes 13 de abril del año pasado, el por entonces presidente de dicha Cámara, Emilio Monzó, firmó la resolución por la cual se eliminó el sistema de canje de pasajes por efectivo y se estableció el concepto de gastos de movilidad, blanqueándose de esta forma una cuestionada práctica.

La mayoría de los diputados optaron por recibir mensualmente 30 mil pesos en efectivo y 10 pasajes de avión intransferibles, incorporándose al salario como gastos de movilidad alrededor del 75% de lo que antes percibían por el canje.Análisis político, Congreso Nacional Argentino

La solución satisfizo el reclamo del presidente Mauricio Macri, quien lo habíacriticado duramente: «Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear su necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien. Es querer disfrazar algo de otra cosa«

Unos días atrás, una nota de Infobae reportó que en el Senado nada ha cambiado. Cada senador continúa recibiendo 20 pasajes de avión y otros tantos de micro al mes, siendo posible canjear la totalidad de los aéreos y la mitad de los terrestres. Como señala Infobae: «El valor de canje de cada pasaje aéreo fue de $3.401 durante los primeros cinco meses de 2018 y luego aumentó a $4.437. Se pueden acumular y cambiarlos todos a fin de año, al valor de ese momento. Así, según en qué mes hayan hecho el trámite, los senadores que lideraron el ranking se llevaron en 2018 entre $990.080 y $1.093.680 de sobresueldo». Esta cifra representa un adicional de hasta el 72% para quienes canjearon todos los pasajes.

Es razonable asumir que cualquier senador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder su valor, de sobremanera aquellos que residen en la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución, en su artículo 16, nos recuerda que todos los habitantes son iguales ante la ley: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

Sin embargo, en virtud de la flexibilidad que les otorga el canje de pasajes, los senadores gozan de un privilegio del cual no gozamos el resto de los ciudadanos. La educación nos provee una clara ilustración de este hecho.

Cuando un padre toma la decisión de que sus hijos estudien en un colegio de gestión privada, debe pagar dos veces por su educación, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida, dado que no cuenta con la misma prerrogativa que los miembros del Senado.

Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿no sería razonable que aquellas familias que optasen por retirar a sus hijos de una escuela pública y enviarlos a una privada reciban una reducción en su carga impositiva similar al costo de educar un niño dentro del sistema de educación pública, y se deposite dicho monto en una cuenta de ahorro que tan sólo pueda ser utilizada para fines educativos? ¿Acaso no es ello comparable al derecho de un senador a canjear su cuota mensual de pasajes por efectivo y utilizarlo a su libre albedrío? ¿Todos los ciudadanos son iguales ante la ley? Frente al canje de pasajes, la inexistencia de cuentas de ahorro para la educación que permitan decidir a los padres cómo emplear el dinero destinado por el Estado para la educación de sus hijos es un claro ejemplo que no. ¿No es hora de evaluarlo? Yo creo que sí. Ninguna familia estaría peor y aquellas que optasen por hacer uso de esta prerrogativa estarían mejor, por acceder al derecho a decidir qué tipo de educación es más apropiada para la educación de sus hijos.

El autor es rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación.

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