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Cómo deben ser los primeros 100 días del próximo gobierno

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Director de Políticas Públicas, Libertad y Progreso
octubre 30, 2015 12:57 pm by: A+ / A-

Fundación Libertad y Progreso
Noviembre 2015

 Los 100 primeros días del próximo gobierno

La estrategia actualmente desarrollada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es la de llegar al 10 de diciembre sin que un evento económico o social la lleven a una situación inmanejable. Seguramente ella tiene bien presente los finales anticipados de Alfonsín y De la Rúa. Sabe que no se debe producir un episodio hiperinflacionario, ni una corrida bancaria, ni una estampida del dólar paralelo. El gobierno está dispuesto a pagar muchos costos políticamente superables antes de tener que abandonar el poder como consecuencia de alguno de estos fenómenos. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que día a día se van sumando distorsiones y acumulando facturas que pasarán como herencia al próximo gobierno. A pesar del cepo cambiario que está afectando las importaciones y la actividad productiva, el Banco Central vende fluidamente “dólar ahorro” para mantener controlada la cotización del paralelo, perdiendo reservas de libre disponibilidad. Probablemente estas serán nulas el próximo 10 de diciembre.

El gasto público sigue desbordado y aumenta el déficit fiscal. Ante la falta de acceso al financiamiento genuino por la situación de default, ese déficit se solventa con el Anses y el Banco Central. El respaldo real de la base monetaria es prácticamente irrisorio lo que hace imposible salir del cepo si no se consolida el balance de divisas y no se recupera la confianza. La inflación sólo está siendo atenuada mediante el retraso cambiario y la recesión económica inducida por el propio gobierno. Estas y otras circunstancias constituyen bombas de tiempo que deberán ser desactivadas como primera tarea por quien asuma el próximo10 de diciembre.  En este documento asumimos que habrá un cambio político como resultado de las elecciones presidenciales.

Luego del 10 de diciembre se exigirán medidas de extrema dureza, que aunque necesarias y beneficiosas, tendrán probablemente un costo social o político, pero será tanto menor cuanto más rápido se recupere la confianza. En todo caso quien cebó esas bombas intentará no aparecer como responsable y probablemente se colocará luego desde la oposición, en el fácil lugar de la crítica. Un primer desafío de quien asuma la presidencia de la Nación será clarificar la dimensión y el origen de los problemas heredados y explicar que demandarán soluciones impostergables y duras.  La comunicación con la sociedad será esencial para enfrentar las reacciones y no deberá excluir la clarificación de la forma en que se intentará  distribuir equitativamente el costo de las medidas correctivas. Los primeros 100 días de gobierno serán difíciles, pero lo peor que podría hacerse es eludir los problemas y demorar las soluciones intentando dar inicialmente una imagen de simpatía insostenible. La hora de la verdad llegará de todas maneras muy rápidamente.

En estos primeros cien días se deberán iniciar las siguientes reformas, siendo todas igualmente importantes, aunque algunas requieren tratamiento de shock, y otras gradualismo.

Reducción del déficit fiscal

La corrección fiscal y la obtención de financiamiento genuino serán uno de los más urgentes deberes. El nivel heredado del déficit financiero (bien medido) superará el 8% del PBI.  Este nivel es absolutamente incompatible con las posibilidades de financiamiento y pone en riesgo de default o de hiperinflación. No se podrán lograr soluciones fiscales inmediatas pero deberán ponerse en marcha medidas y programas que den seguridad que en determinado tiempo el gasto público y el déficit se reducirán y serán financiables sin emisión monetaria. La recuperación de la confianza y del crédito se lograrán con un programa creíble, aunque las cifras tarden en mostrar resultados.

 Las acciones prioritarias debieran comprender: a) una reducción rápida de los subsidios a la energía y el transporte, normalizando en no más de 180 días las tarifas y precios. El impacto sobre los estratos de muy bajos ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos muy acotados de subsidio a la demanda; b) eliminación de subsidios a actividades productivas suprimiendo todo control e intervención en los precios;  c) reducción gradual de los planes sociales. En el plazo de un año sólo debería subsistir la Asignación Universal por Hijo, pero solo para los hogares que estén por debajo de la línea de pobreza. Transformación de subsidios en trabajos simples con sistemas de colaboración público-privado mediante esquemas donde todos ganen, trabajadores, estado y empresas privadas; d) Anuncio de la instrumentación de un programa de reforma administrativa de la administración nacional que comprenda: Racionalización del organigrama del gobierno. Supresión y fusión de unidades administrativas y de organismos. Digitalización y transparencia. Tercerización de servicios. Puesta en disponibilidad del personal no incluido en la nueva estructura, con sostenimiento temporal de remuneración y beneficios, con planes de reentrenamiento y reubicación laboral. Jubilación anticipada e incentivos para su inserción en el sector privado. Rescisión de contratos laborales vigentes en la administración pública nacional con antigüedad menor de tres años. Y prohibición de suscribir nuevos contratos. Congelamiento de vacantes, donde solo puede tomarse un nuevo empleado cada cinco que se retiren. Acuerdo con gobiernos provinciales mediante incentivos para que implementen similares reformas; e) Elevación de la edad jubilatoria en un proceso que se iniciará con 67 años para hombres y 62 para mujeres, con un horizonte anunciado de llegar a 70 años para ambos sexos en una década; g) Reprivatización de empresas estatizadas y venta ordenada y en competencia de participaciones accionarias de la Anses; g) Envío al Congreso de un proyecto de ley para el reemplazo de la coparticipación federal vertical devolviendo potestades tributarias a las provincias. Concretamente transferir a las provincias la recaudación del impuesto a las Ganancias de personas físicas, Bienes Personales, Internos y combustibles. Creación de un fondo de redistribución horizontal entre las provincias que permita empalmar las recaudaciones en el inicio del futuro régimen, con las del actual. Fijación de los coeficientes de redistribución de ese fondo de manera que el posterior mayor gasto relativo de cada provincia exija a su gobierno aumentar los propios impuestos. De esa forma, con premios y castigos, se propenderá a gastar menos y gastar mejor. Esto puede denominarse como un sistema de coparticipación horizontal. h) Reducción del gasto político. Venta de autos, aviones y helicópteros destinados al transporte de funcionarios, o su transferencia a los sistemas de salud o seguridad en el caso de que sean útiles. Prohibición de la propaganda gubernamental, así como la electoral, partidaria o personal de funcionarios públicos, empleando fondos estatales. Las transmisiones deportivas (Fútbol para Todos) serán solventadas con publicidad privada y gestionadas por medios privados en procesos transparentes de licitación.

Aumento inmediato del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias llevándolo a los niveles reales de 2001. Modificar las escalas con el mismo propósito. Restablecimiento del ajuste por inflación para el cálculo impositivo. Anunciar el inicio de un estudio de reforma impositiva con el objetivo de simplificar la administración por los contribuyentes, eliminar los impuestos distorsivos, , y reducir la evasión.

En la medida que se reduzca el gasto público pero con un curso anunciado, deberán reducirse gradualmente los derechos de exportación hasta su completa eliminación y el impuesto a las transferencias financieras (impuesto al cheque), que en la transición será aplicado como anticipo de IVA y Ganancias.

Apertura comercial externa, supresión de las DJAI, eliminación del cepo y restablecimiento del crédito externo.

Se deberá suprimir el control de cambios y liberar el mercado de divisas. Simultáneamente se suprimirán los controles y restricciones sobre las importaciones y exportaciones, y el movimiento de capitales y pagos. En este contexto y en forma compatible con la reducción del gasto y el déficit fiscal, se anunciará el curso de la reducción hasta su eliminación, de los derechos de exportación. Enunciar una política de apertura comercial con la búsqueda amplia de acuerdos de libre comercio, empezando con el tratado de libre comercio con Europa que ya está en discusión en Brasil.  Esta política se compatibilizará con el Mercosur.

Se normalizarán las relaciones financieras con el mundo. Esto requerirá un acuerdo con los holdouts y un plan explícito de manejo de la deuda pública, comprendiendo el saneamiento del Banco Central y la deuda intraestatal. Se deberán normalizar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional comenzando por la admisión de las misiones del Artículo IV. Finalización inmediata del falseamiento por el INDEC del índice de precios y otras estadísticas. Arreglo de reclamos judiciales ocasionados por el falseamiento.

De esta forma y con un horizonte fiscal corregido y creíble, se producirá una recuperación rápida del acceso a los mercados internacionales a tasas de interés razonables.  Estarán dadas las condiciones para un sustancial aumento de las inversiones directas y un retorno de capitales. El objetivo explicito debe ser alcanzar en no más de dos años el grado de inversión en las calificaciones de riesgo internacional.

Reforma laboral

Se revisarán los cambios de los últimos años que sólo han agregado conflictividad, encarecimiento laboral y pérdida de productividad, perjudicando a largo plazo a los propios trabajadores. Se reformará la legislación vigente para privilegiar los acuerdos laborales en el menor nivel (empresa) sobre los de mayor nivel (paritarias por sector). Se asegurará la  plena libertad de agremiación y se suprimirá el derecho de huelga en los servicios esenciales

Reforma judicial

Debe irse a la despolitización del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento constituyéndolo en mayor proporción por juristas y académicos independientes de forma de restablecer el equilibrio exigido por la Constitución.  Se deberá introducir un sistema de premios y castigos para magistrados, funcionarios y empleados, en función de la valoración objetiva de sus servicios y la necesidad de modernizar el proceso judicial en su integridad. Debe acelerarse el proceso de cobertura de vacancias, y la confirmación de los jueces subrogantes y reducir el plazo de caducidad de las denuncias contra magistrados con la posibilidad expresa que sean rechazadas cuando los fundamentos sean comprobadamente inverosímiles. Esto evitaría que estas denuncias  se utilicen como  un factor de presión sobre los jueces. Una reforma más profunda deberá crear las condiciones e incentivos para mejorar la productividad en la administración de la justicia.

Reforma previsional

Además de elevar las edades de retiro, se deberán desarrollar los estudios para recrear un sistema de capitalización. Se debería comenzar por los nuevos ingresantes a la población activa y por quienes deseen realizar aportes suplementarios voluntarios, ampliándolo en la medida de las posibilidades cuantitativas de resignar aportes al sistema de reparto. Acelerar la normalización de la deuda previsional impaga con sentencia judicial de pago. Suprimir las apelaciones y otras trampas oficiales para demorar esos pagos. Se puede plantear un sistema mixto, como el de Canadá, donde todo el mundo pueda tener una jubilación básica estatal, pero más pequeña, y pueda aportar un extra al sistema de capitalización que cada empresa contrate para sus empleados o puede acceder directamente a sistemas de capitalización individual.

Banco Central, moneda y política cambiaria

Se retornará a un mercado único y libre de cambios no bien se compruebe la recuperación de la confianza (lo que podrá ocurrir luego de conocido el resultado electoral y siendo una realidad al momento de la transmisión de mando). Se corregirán las normas (incluyendo la reciente reforma del Código Civil y Comercial) que impiden el uso de otras monedas o admiten la pesificación de deudas en moneda extranjera. Se establecerá el curso legal de monedas de otros países que sean libremente aceptadas por las partes en transacciones y contratos. Se admitirán las cuentas corrientes en dólares o euros. Se instrumentara una unidad de ajuste similar en su determinación y usos a la Unidad de Fomento de Chile. Se restablecerá la preservación del poder adquisitivo de la moneda como principal objetivo del BCRA. Para ello, se desarrollará una política monetaria trabajada sobre metas de inflación. Se deberá reformar la Carta Orgánica retornando al texto previo a la última reforma de 2012. Los límites de financiamiento al Tesoro serán restablecidos y cumplidos.

Plan de mejoramiento de la seguridad y el orden público.

Uso racional de la fuerza en el marco de la ley para suprimir cortes de calles y rutas, ocupaciones ilegales, bloqueos y violaciones al derecho de propiedad.   Revisión de la normativa para posibilitar la rápida acción policial frente a delitos en la vía pública.  Enunciación de un programa de acción frente al narcotráfico coordinado con los gobiernos provinciales. Restablecimiento de la doctrina Soler, como base del Código Penal y del Código Procesal Penal.

Traspaso de la Policía Federal a la órbita de la CABA, con excepción del cuerpo destinado a la investigación y represión de los delitos federales. Fusión con la Policía Metropolitana con aprovechamiento de sinergías y ahorros presupuestarios que serán considerados en la transferencia de los fondos.

 

 

Desregulación.

Aprobación de la simplificación de leyes (Digesto), normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios, en beneficio del ciudadano. Nueva norma que el Estado (nacional, provincial y municipal) no puede pedir al ciudadano ninguna información que ya posea, todas las reparticiones tienen un plazo de un año para acomodarse a esta normativa.

Reforma educativa.

Propuesta de un acuerdo con las provincias para una reforma educativa en los niveles primario y secundario por la cual el Estado financie a los alumnos en lugar de a las instituciones. Condicionamiento de avales del gobierno nacional para el financiamiento internacional de infraestructura educativa. De esta manera, se pondría al servicio de la gente toda la oferta educativa pública y privada, donde los padres son quienes tienen el derecho a elegir la mejor educación de sus hijos. Descentralización administrativa a nivel de cada establecimiento educativo, donde el director, conjuntamente con una comisión directiva que incluya a padres y maestros, sean quienes tomen las decisiones. Los directores podrán tomar la decisión de despedir hasta un 5% de los maestros por año. Los contenidos mínimos establecidos en las currículas oficiales nunca podrán superar más del 50% del tiempo de enseñanza, el resto será libre y decidido por cada escuela.

Exámenes censales. Se tomarán exámenes a todos los alumnos de todas las escuelas,  de esta forma se mide no solo el desempeño de cada escuela sino también la información necesaria para medir el desempeño de los docentes. También se harán encuestas a los alumnos sobre sus docentes.

Arancelamiento universitario en las universidades nacionales de acuerdo al principio de que sólo paguen los que estén en condiciones económicas de hacerlo. El resto de los alumnos serán becados pero con exigencias mínimas de promedio y de cantidad de materias aprobadas por año.

Reafirmación contundente de respeto a las instituciones y a la propiedad.

Se deberán dar pasos explícitos para mejorar la calidad institucional. Asegurar la independencia de poderes. Reafirmar la libertad de expresión derogando la Ley de Medios. Reformar la Ley Antiterrorista. Derogar la Ley de Abastecimiento.

 

 

Persecución de la corrupción

Se activarán las denuncias y las causas desde la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a la que se le devolverán funciones suprimidas en los últimos años.

Declarar la situación de expoliación y vaciamiento institucional en todos los casos de corrupción con pruebas fehaciente, aplicándoles el concepto de cosa juzgada “írrita” cuando hubo fallas estructurales en la justicia. Esto permitirá reabrir algunas causas. Unificar la Justicia Federal Penal con los juzgados de instrucción para ampliar los 12 jueces actuales, y revisión del sistema de sorteos. Creación de un Juzgado de sistematización de datos, de modo que se puedan compartir los datos relevados entre todas las causas relacionadas a un sujeto o corporación. Así se evitará la multiplicación de investigaciones de los mismos datos, por parte de todos los juzgados.

Eliminación de intervenciones estatales y regulaciones innecesarias que generan oportunidades de corrupción. Revisión de todos los procedimientos de compras y licitaciones del estado privilegiando la transparencia y competencia.

Sancionar una ley como la Ley Qui Tam, que rige en Estados Unidos, que otorga a los particulares la facultad de perseguir a funcionarios para recuperar el patrimonio del Estado y otorga el 15 o 20% de lo recuperado en compensación por el esfuerzo.

Derechos humanos: superación del pasado y reconciliación.

Se considera necesario que la llamada política de derechos humanos considere en su integridad lo acontecido en las décadas del sesenta y setenta, entendiendo el conflicto como una extensión de la guerra fría a nuestra región. Así como se han condenado los excesos represivos, debe condenarse la violencia de los grupos armados (guerrilla y terrorismo), que atacaron a la población civil y a sucesivos gobiernos sin distinguir su carácter constitucional o de facto. La ausencia de juzgamiento de esos delitos contradiciendo su calificación internacional como de lesa humanidad y por lo tanto su imprescriptibilidad, ha sido un factor de enfrentamiento e injusticia

Un proceso de pacificación y reconciliación debería resolver esa asimetría  revisando los vicios jurídicos que han determinado la privación de la libertad de los militares, policías y civiles. Con ese fin se solicitará a la Corte Suprema la revisión y el dictado de un nuevo fallo que revoque el de “Arancibia Clavel”, siguiendo los votos de los Dres. Carlos Fayt o de los Dres. Belluscio y Vazquez que votaron en disidencia en aquel pronunciamiento. De esa forma se establecerá jurisprudencia para volver a reconocer el instituto de la prescripción, y la aplicación de la ley vigente en el momento de los hechos juzgados. Se restauraría de ese modo el principio de legalidad y la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal y en particular de la más gravosa.  De acuerdo a esto se deberán revisar los fallos y condenas recaídos sobre quienes actuaron del lado de la represión en las acciones violentas de los setenta.

Se sugiere que el monumento en el parque de la Memoria represente la reconciliación nacional, que recuerde todas las víctimas de la violencia de los años 70, incluyendo los  asesinados por los Montoneros y ERP y otras organizaciones armadas; junto a los muertos por la Triple A y los cerca de 8.000 muertos y desaparecidos por las fuerzas armadas y de seguridad.

Restablecimiento de las relaciones políticas normales con el resto del mundo

Reorientación de la política exterior y regional encauzándola a reforzar las relaciones con las democracias liberales. Pleno respeto de las reglas de convivencia internacional y las que derivan de la pertenencia de la Argentina al G20 y otros organismos internacionales.

Defensa

Desarrollo de un plan plurianual de reforma de las fuerzas armadas que comprenda  lograr: Capacidad de dominio del espacio aéreo; Capacidad de autodefensa contra ataques cibernéticos; reducidas necesidades logísticas; Capacidad de información e inteligencia inmediata; Rápida adaptación y generación de capacidades asimétricas; Autonomía de los sistemas de armas; Capacitación del personal; Capacitación para el mantenimiento logístico de avanzada; Capacidad de Apoyo a las Emergencias Nacionales. Ese programa deberá revisar la compatibilidad de las leyes  que regulan el funcionamiento de las Instituciones de la  Defensa Nacional (Ley Defensa Nacional, la Ley de Reestructuración de las FFAA, la Ley de Seguridad Interior,  Ley para el Personal Militar, Ley de Producción para la Defensa, de Investigación y Desarrollo, Ley de Movilización de Reservas, Ley de Inteligencia Nacional y el sistema legal de Justicia Militar).

En base a estas definiciones se procederá a reestructurar las fuerzas armadas y de seguridad, empezando con la renovación de sus estados mayores con estricta base en función del mérito que surge de su foja de servicio y reduciendo su número.

Al lograrse relaciones diplomáticas estables con países desarrollados se permitirá no solo la fluidez de intercambios de conocimientos militares, sino también la adquisición de medios y sistemas de armas, con su consiguiente transferencia de tecnología, que faciliten la recuperación completa de la capacidad disuasiva de las fuerzas armadas.

Conclusiones

Una instrumentación seria y convincente de un programa integral como el que proponemos, recuperaría rápidamente la calidad institucional, la paz interior, la confianza y las expectativas de un futuro constructivo, sin confrontaciones inútiles.  Se potenciarían las inversiones, el flujo positivo de divisas y la creación de empleo. El acceso al crédito en condiciones aceptables permitiría financiar, sin emisión, un déficit fiscal decreciente en la transición. Sería además el único camino genuino para eliminar la inflación recuperando la confianza en nuestra moneda. Sólo de esa forma se podrá lograr un marco de progreso libre de “cepos” e intervenciones que no han logrado otra cosa que estancamiento y fuga de capitales.

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