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martes , 23 abril 2019

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Un plan para el momento actual

Administrador LyP

Colaborador de Libertad y Progreso
abril 15, 2019 6:31 pm by: A+ / A-

Por Alberto Ramón Althaus*

Les decía a dos empleadas de una estación de servicio (parte del sector privado del país que lleva a cuesta 21 millones que todos los meses cobran cheques del Estado) que en general no me dedico a pensar en las soluciones, sino a pensar en los problemas, pero viendo la gran confusión hoy existente voy a hacer una excepción. Por ello, voy a proponer un plan de economía de mercado para que la gente comprenda que es posible cambiar la política económica incluso en un momento como el actual.

Los economistas liberales Agustín Etchebarne y Ricardo López Murphy señalaban recientemente que las condiciones previas al 2001 no eran tan graves como las actuales, pero no pronostican una crisis de manera necesaria.

Varios economistas liberales han sugerido distintas ideas para evitar la crisis. El ex secretario de Hacienda Manuel Solanet, por caso, propuso al gobierno iniciar ya un plan económico. Roberto Cachanosky, en tanto, propone ampliar la oferta del Gobierno cambiando los bonos intransferibles del Tesoro por un billón de pesos en manos de Banco Central (no son las Leliqs) por otros bonos transferibles para venderlos en el mercado y aumentar la capacidad de fuego para frenar cualquier corrida. Otros proponen la dolarización, y otros como el economista Jorge Bertolino proponen tomar U$S 20.000 millones de dólares para intercambiarlos por las Leliqs. Finalente, Domingo Cavallo propone pagar en dólares las jubilaciones y pensiones. Tomaré de cada uno parte de sus ideas agregándoles algunas propias para esbozar un esbozo de plan económico posible en la situación actual.

Algunas idas y vueltas pueden confundir al lector, por lo que debe tener presente la diferenciación entre el billón de pesos de bonos intransferibles que tiene el Banco Central deuda del Tesoro, de las Leliqs por un billón de pesos que son títulos del Banco Central en poder de los bancos y que estos últimos no pueden transferir a particulares, y de los bonos transferibles que propone Cachanosky que emita el Tesoro y los intercambie por las títulos intransferibles del Tesoro que están en poder del Banco Central mencionados en primer lugar. 

Políticas económicas argentinas

Si el Gobierno tuviera actualmente U$S 20.000 millones de dólares debería permitir al dólar tocara el techo de la banda de flotación, por ejemplo, en un dólar a 50 pesos, lo que convendría hacer entonces sería transformar el 50% de las Leliqs en dólares a 50 pesos para devolver una parte de los depósitos a plazo fijo en pesos en dólares a los depositantes (parte de la idea de Jorge Bertolino) y por el 50% restante se les daría a los bancos un bono del Tesoro a dos años y con un interés un 5% superior a la inflación, que el Banco Central intercambiaría al Tesoro por las letras intransferibles para cambiar el 50% de las Leliq por bonos transferibles. Esos bonos transferibles quedarían en poder de los bancos y no podrían ser retirados por los depositantes antes de su vencimiento. De manera que el depositante podría retirar sus plazos fijos en pesos en dólares hasta un 50%, y por el resto le quedaría en el banco un bono transferible a dos años, o sea, se perjudicaría lo menos posible al depositante que retiraría dólares hasta el 50% en vez de pesos.

Claro que el problema seguiría siendo la corrida cambiaria con los depósitos a la vista y con el circulante en poder de particulares. En el caso de los depósitos a la vista el Banco Central, permitiría a los bancos frente a una corrida sobre depósitos a la vista transformar parte de los bonos transferibles mencionados más arriba e intercambiarlos por pesos al Banco Central. Los depósitos en plazos fijos tendrían como contrapartida, entonces, los préstamos dados por los bancos a particulares que están en el orden de un billón y medio de pesos, y a medida que se pagaran los préstamos que han dado los bancos irían devolviendo el 50% restante de los depósitos a plazo fijo en pesos. El Banco Central, a su vez, podría obtener esos pesos para la corrida sobre los depósitos a la vista de los bancos entregando al Tesoro dólares hasta U$S 9.600 millones y como señaló el economista Domingo Cavallo, esos dólares irían a pagar las jubilaciones y pensiones más bajas en dólares al precio del día. O sea, los jubilados y pensionados con menores ingresos recibirían dólares y los venderían para poder consumir, pues la posibilidad de un jubilado de ahorrar es muy limitada.

Por otra parte, el Banco Central podría, sin emitir, intercambiar los pesos que recibió del Tesoro por los bonos transferibles que los bancos le presenten para hacer frente a la salida de depósitos a la vista.

Con esta afluencia de dólares y pesos al mercado la mitad de los plazos fijos que se retiran en dólares más las jubilaciones y pensiones pagadas en dólares se trataría de estabilizar el precio del dólar cerca del techo de la banda de flotación, y se establecería un sistema bimonetario pero sin convertibilidad, o sea, los contratos podrían hacerse en dólares por supuesto por decreto sujeto a aprobación del Congreso.

En forma conjunta con las medidas anteriores sería necesario lanzar un programa de shock de reducción del gasto público claramente delimitado a una porción específica del electorado que depende del Estado, con apertura económica a nivel internacional, reducción de impuestos y cambios en el derecho laboral pero a implementar a partir del 10 de diciembre de 2019, con lo cual, se impediría levantamientos populares y huelgas antes de las elecciones y se establecería el rumbo económico, como señaló oportunamente Manuel Solanet, lo que generaría cierta confianza en los mercados.

De haber una crisis cambiaria por el retiro de depósitos a la vista esta estaría muy controlada por las medidas señaladas del Gobierno y por las expectativas del plan de parte del mercado. Posiblemente la inflación y el riesgo país disminuirían pues no habría posibilidad de nuevas corridas ni inquietudes en ese sentido en la población previas a las elecciones.

Asimismo, no habría una crisis social porque los sectores sindicales no podrían levantarse para oponerse a lo que todavía no es y que depende de las elecciones democráticas. Los depositantes podrían verse frustrados, pero tendrían intenciones de voto a favor del Gobierno para que se cumpla lo convenido.

Se anunciaría que a partir del 10 de diciembre de 2019 pasarían a disponibilidad por dos años con goce de sueldo los empleados públicos con una antigüedad menor a 10 años y menores a 40 años de edad y dentro de esos dos años deberían incorporarse al sector privado, con lo cual, una parte de los empleados públicos estarían seguros de no ser removidos de sus funciones.

Con respecto a los subsidiados después del 10 de diciembre de 2019 tendrán un plazo de seis meses para insertarse en la actividad laboral tiempo durante el cual recibirían los subsidios, no se quitarían los subsidios de mujeres en situación de pobreza y que no tengan secundario terminado ni a menores de 16 años en situación de pobreza, pero no se darán nuevos subsidios.

Con respecto a los jubilados sin aportes, estos recibirán un último aumento en su jubilación el 10 de diciembre de 2019 y a partir de allí los incrementos en sus jubilaciones serán del 50% de los que corresponden a los jubilados con aportes, lo cual no sería grave si se reduce la inflación por la reducción del gasto público y el crecimiento de la economía debido a la reducción de impuestos y trabas de leyes laborales. Se tendría en cuenta la situación de los jubilados sin aportes que están en situación vulnerable.

Ademas, se comenzará a partir del 10 de diciembre de 2019 a disminuir los impuestos que se cobran por lo que deberá disminuir proporcionalmente la coparticipación a las provincias, las provincias podrán optar entre adherir a la reducción de gasto público tal como la propone el gobierno o buscar nuevas formas de ingresos. Una alternativa para reducir impuestos para el próximo Gobierno fue presentada en el VII Congreso Internacional “La Escuela Austriaca de Economía en el siglo XXI” (ver presentación en los últimos minutos de este link https://www.youtube.com/watch?v=o4sPBSqZwxw)

También tendría que haber una reducción de los sueldos de los políticos y de los empleados del Congreso para dar un mensaje claro a la ciudadanía y acompañar el esfuerzo que realizan todos.

En cuanto a las posibilidades de default disminuirían en gran medida con el nuevo plan económico porque existiría una gran posibilidad de refinanciar la deuda ante el nuevo rumbo que emprende el país. El nuevo plan económico tendría el aval electoral por lo que podría implementarse debido al apoyo de la democracia. 

Por supuesto pueden realizarse objeciones jurídicas pero la realidad política y económica del país siempre se termina imponiendo sobre lo jurídico.

*El autor es abogado de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), especializado en Derecho Comercial – Área Derecho Bancario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y con magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y la UCSF

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