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jueves , 18 julio 2019

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Comienzo de clases, ¿comienzo de los paros docentes?

Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
febrero 15, 2019 8:05 am by: A+ / A-

EL ECONOMISTA – Comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires, comienzo de paros docentes, una rutina con la cual ya casi nos hemos desensibilizado. Año tras año el escenario es el mismo, aún la gobernación de Daniel Scioli debió sufrirlos. Ni que hablar del Gobierno de María Eugenia Vidal, en las antípodas de líderes sindicales altamente ideologizados, los que jamás han tomado en cuenta el costo de su accionar sobre el derecho a la educación de quienes menos tienen, por más que no dejan de proclamarlo en emocionales discursos.

¿Por qué no habría de volver a pasar? ¿Cómo puede el Gobierno enfrentar esta realidad, para peor, exacerbada por el previsible accionar de sindicalistas con aspiraciones políticas en un año electoral? Esta nota propone tres ideas, las cuales he planteado en numerosas ocasiones, que le permitirían al Gobierno defender con éxito el derecho a la educación de nuestros niños, garantizado por la Constitución Nacional.

 

La primera la encontramos en Mendoza, donde el ítem aula ha probado ser un instrumento efectivo contra la adhesión a paros docentes. La medida, instrumentada por el gobernador Alfredo Cornejo en 2016, otorgó un 32% de incremento a los docentes. Parte del mismo consistía en un adicional salarial remunerativo y no bonificable que sería percibido solamente por quienes no faltasen a clases más de tres veces al mes, o 10 veces al año, y que representaba el 10% del salario. El ítem aula quedó incorporado al sueldo, reduciéndose considerablemente el ausentismo. A modo de ilustración, frente al paro convocado por Cetera en mayo de 2018, la adhesión fue irrelevante. Ello fue explícitamente reconocido, tanto por la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, como por el Prosecretario del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, Rodolfo Garcés, quien afirmó que la poca adhesión se debía al peso que tiene el ítem aula. El año pasado el Gobierno de Vidal propuso, dentro de la negoción paritaria, una estructura de este tipo, rechazada, por supuesto, por los gremios docentes.

 

Una segunda estrategia constituye en declarar a la educación un servicio público esencial. Esta idea fue propuesta, no tan sólo en 2018 por Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos, sino también en 2014 por el vicegobernador de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, frente a un escenario de los ya acostumbrados. Dado el nivel de barbarie al que escaló el conflicto el año pasado, definir la educación como un servicio público esencial, y de tal forma reglamentar el derecho de huelga en la actividad, es una medida adecuada. El futuro de muchos jóvenes que han ingresado al secundario en 2013 y se han graduado en 2018, transitándolo dentro de un sistema en los cuales fueron virtuales rehenes, ha sido irremediablemente afectado. Es obvio que su vida adulta sería radicalmente distinta de haber podido cursar normalmente la escolaridad que merece todo joven, independientemente de sus orígenes.

 

Mi tercera propuesta no está dirigida a evitar los paros docentes, o a reducir la adhesión a los mismos, sino a darles una posibilidad a sus víctimas. Ya hace años que propongo una tarjeta, a la que denominé Educard, que permitiría cambiar radicalmente nuestra realidad educativa. La misma consiste en una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos, que protegería a las familias del irresponsable accionar sindical. Estas cuentas son una realidad en Estados Unidos, donde permiten a los padres que optan por retirar a sus hijos de escuelas públicas recibir un porcentaje de lo que el Estado habría gastado en su educación y, con ello, costear, por ejemplo, un colegio privado, ya sea religioso o laico. Implementar Educard sería presupuestariamente factible, dado que, al calificar para recibirlas solamente los estudiantes que satisfagan los criterios establecidos por el Gobierno, el programa no representaría una significativa carga financiera, pero marcaría un antes y un después en la educación argentina. Frente a los paros docentes que, me atrevo a predecir, serán un hecho común en un año electoral, Educard sería otra estrategia que la gobernadora podría considerar para defender el derecho de los niños a recibir la educación que se merecen.

En síntesis, tres propuestas para enfrentar una previsible amenaza para la educación de millones de niños y jóvenes de nuestro país. Es necesario que la sociedad tome conciencia del riesgo que ello implica: los chicos que hoy no se educan serán los desempleados del mañana.

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de CEMA.

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