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Grande, pesado y caro: el Estado que supimos conseguir

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Director Ejecutivo, Libertad y Progreso. Twitter: @AbramAldo
febrero 19, 2018 8:23 am by: A+ / A-

Nota en la Nación con comentarios de Aldo Abram

Con un gasto público desmedido, el Estado argentino creció de modo exponencial desde la crisis de 2001, al tiempo que se revelaba débil para cumplir su rol con eficiencia. Producto de nuestra historia e idiosincracia, hoy se ha convertido en un lastre insostenible que es preciso aligerar.

Por Diego Cabot

No es recomendable empezar una nota con una advertencia al lector, pero esta vez vale la licencia. Quien se adentre en estos párrafos leerá muchas veces la palabra Estado, tantas como la omnipresencia que tiene en la vida de los argentinos.

Concentración de poder del esado

Crédito: Boligán

Hay quienes lo llaman «matriz estado-céntrica» (Marcelo Cavarozzi, 1996); otros consideran que esa centralidad se debe a un pueblo inmaduro, adolescente, que delega sus responsabilidades (Aldo Abram). El politólogo Sergio Berensztein busca razones en la historia: «La Argentina se hizo de arriba hacia abajo; el Estado formó la sociedad; lo contrario de, por ejemplo, Italia, donde se llega al Estado después de una experiencia histórica de siglos».

Desde hace años, aquí los debates pasan por el rol del Estado, por su relación con los diferentes factores de poder, con los ciudadanos, con el resto de las instituciones, con el pasado y con el futuro. Hace o deja de hacer. Esa parece ser la única variable. La Argentina vivió una apoteosis del Estado y los argentinos tienden a dejar todo en sus manos. Si las cosas se resuelven llegarán las alabanzas; si no, el debate se regará de reproches. Eso sí, los héroes o los villanos siempre serán otros: quienes detenten los hilos del Estado. Un país con responsabilidades en los otros.

Los paros son siempre contra el Estado -la gran mayoría de las veces, confundido con el gobierno-, los reclamos empresarios o gremiales son contra el Estado, las soluciones parece que sólo las tiene el Estado. Hasta las provincias, pilares de un sistema federal, prefieren echar culpas en el Estado Nacional.

La consecuencia es un «Estado implícito» que lejos está de ser uno «presente». Y los «Estados implícitos» suelen ser grandes, pesados y caros. «Consolidado en los tres niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios), el gasto público alcanzaba 42,2% del producto bruto interno (PBI) en 2015. Este gasto, antes de la crisis de 2001

2002, era de 25,6% del PBI. Trepó desde entonces casi 17 puntos del producto. Algo así como agregar otro Estado a la castigada economía argentina», señala Sebastián Galiani, doctor en Economía por la Universidad de Oxford, secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, en un trabajo que publicó en el blog Foco Económico con la colaboración de Santiago Alfonso.

Bienvenidos, entonces, al siglo en el que la Argentina le agregó un Estado a su Estado.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Berensztein ensaya una hipótesis: «Después de la Revolución de Mayo viene la anarquía, con las provincias disgregadas. La Argentina moderna, hacia 1880, es fruto de la reunificación de las provincias, la organización nacional y la consolidación territorial. Una alianza política promueve la inmigración, que junto con los ferrocarriles, la educación pública y el servicio militar obligatorio generan la identidad del país. La Argentina es un invento de arriba hacia abajo; en esa construcción, el Estado siempre fue vital».

Berensztein apunta un segundo rasgo histórico: «Desde 1930, el país inicia un proceso de sustitución de importaciones. La política pública provoca grandes migraciones del campo a la ciudad y la generación de grandes urbes, sobre todo Buenos Aires, y después Rosario y Córdoba, que dependen de políticas estatales para sobrevivir. No es el mercado sino el Estado el que genera este modelo, que con algunos cambios todavía se mantiene. Las aperturas siempre fueron parciales y transitorias. La redistribución de rentas del campo a los centros urbanos industriales explica la conformación de la Argentina más contemporánea».

Llegado el siglo XX, la Argentina del Estado implícito empezaba a tomar cuerpo. A fines de los años 90, Cavarozzi, profesor de la Universidad de San Martín y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California (Berkeley), escribió junto a Juan Manuel Abal Medina un corto ensayo titulado Del problema del Estado al problema del gobierno. «En América Latina, desde los años 30 hasta los 60, se cristalizó en su forma más clásica la matriz estado-céntrica. En ella el Estado asume una centralidad mayor incluso que la que ocupó en sus versiones europeas», dice el documento.

Acuerdos implícitos
Según los autores, desde el período de entreguerras el tema del Estado se resolvió aquí a través de una serie de acuerdos implícitos entre los grandes actores sociales. «Hacemos referencia a una serie de acuerdos entre los grandes empresarios capitalistas, los sindicatos y las grandes empresas públicas, con la participación de una forma más contradictoria y más renuente de los sectores terratenientes de la pampa húmeda. La base de los acuerdos implícitos fue la expansión de las áreas de influencia del Estado», concluyen.

Este proceso, dice Berensztein, terminó con la conformación de actores políticos, económicos o sociales vinculados al Estado. «Lo más obvio son los sindicatos, los militares, los empresarios que trataban de capturar rentas y la Iglesia, también vinculada al Estado por subsidios o financiamiento. Así, el Estado fue incluso creador de actores sociales. El sindicalismo es el principal ejemplo, pero en los últimos años una cantidad de movimientos sociales relativamente autónomos fueron cooptados por el Estado vía planes sociales, asignación universal, etcétera. Es decir, hay poca autonomía de la sociedad civil frente al Estado».

Así, la Argentina se estructura en función de un Estado que ocupa un rol fundamental en lo político, económico, social y cultural. Y así se llegó al siglo XXI, con el Estado implícito. «En el país hay una cultura e instituciones que llevan a que todos los problemas los resuelva el Estado, porque es fácil trasladar los costos a todos los contribuyentes y por la cuestión de la gobernabilidad ante la protesta social -dice Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)-. Lo institucional, con el cambio de gobierno, puede comenzar a modificarse estableciendo mayores restricciones presupuestarias y que la reasignación de recursos solo pase por el Poder Legislativo. Lo cultural lleva más tiempo. Implica una mejora en la gestión gubernamental combinada con una corriente de opinión pública más sensata y una mejora de la situación económica y social».

Empieza, entonces, a moldearse una de las características de la sociedad argentina actual: el traslado al debate público de lo que haga o deje de hacer el Estado.

Aldo Abram, economista y director ejecutivo de Libertad y Progreso, caracteriza a la ciudadanía argentina como un grupo de personas con actitud adolescente: «Los políticos avanzan sobre los derechos de los ciudadanos todo lo que los ciudadanos los dejen avanzar. Pero eso pasa en todos lados. Aquí son los ciudadanos los que demandan que el Estado resuelva todo. Es una sociedad inmadura que viene de la colonia, del caudillismo. Cuando eso se mezcló con el fascismo, generó el populismo».

Los caudillos, dice Abram, gobiernan súbditos. «En este país, los ciudadanos quieren ser súbditos. Ahí está la inmadurez cívica. Lo que buscamos es delegar las responsabilidades en el Estado. No somos maduros como para resolver los propios problemas. Los argentinos escapamos al sacrificio y buscamos un líder mágico. Eso es el Estado, que aquí se confunde con el Gobierno. Los políticos entienden Estado y gobierno como lo mismo; quien maneja uno, maneja el otro. Ahí delegamos nuestras responsabilidades».

Todo lleva a la misma conclusión: las responsabilidades están en los demás. Siempre. El kirchnerismo culpó de todos sus males a los años 90. Transcurría la campaña de 2015 y aún se culpaba a lo que había pasado dos décadas antes. Por su parte, el presidente Mauricio Macri intentó mirar para adelante. Planteó un cuadernillo raquítico con unas escuetas explicaciones sobre lo que había heredado. Lo llamó «El estado del Estado». Más temprano que tarde se dio cuenta de que debía apelar al pasado reciente para explicar muchas de sus decisiones. Hoy el Estado, ese que manejaron en los últimos quince años Néstor y Cristina Kirchner y ahora Macri, ya no tiene fuerzas para dar respuestas. Y los ciudadanos empiezan a padecer el peso de un techo pesado, que tanto protege como oprime. ¿Puede existir algo mejor para derramar las culpas? «Este es el país de las culpas ajenas -dice Abram-. El Fondo Monetario, las corporaciones, la Iglesia. En fin, la culpa es siempre de otros».

Cavarozzi y Abal Medina advirtieron sobre la necesidad de quitarse responsabilidades que ha caracterizado a la Argentina moderna: «Durante decenas de años nuestro país funcionó en base al ‘acuerdo inflacionario’, lo que si bien contribuía a amortiguar la intensidad de los conflictos intersectoriales por la distribución del ingreso, tenía una desventaja decisiva: la posibilidad que tenían los actores de desresponsabilizarse de los resultados por ellos producidos, que quedaban opacados por la inercia y la aparente automaticidad del proceso. Las responsabilidades se descargaban en las acciones del Estado, que aparecían así como las causas exclusivas de la inflación».

Proveedor de soluciones
Al Estado, además, se lo busca como llave para solucionar problemas. A poco de asumir Macri, un criadero de pollos, Cresta Roja, estalló en crisis. El negocio se desplomó por decisiones de un dueño que se rindió al mercado ficticio que le propuso el populismo venezolano. Fin de la ficción y fin de la compañía. Todas las protestas fueron contra el Gobierno y no contra el empresario. Finalmente, con intervención del Ministerio de Trabajo, se calmó la crisis con dinero público.

«Es mucho más fácil pasarle la cuenta de las malas decisiones y de los infortunios al resto de la sociedad (Estado), que pelearnos con otro privado -dice Juan José Cruces, profesor de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella-. Ese ser de identidad difusa, con mucho menos capacidad de autodefensa, termina recolectando los residuos de las malas decisiones empresarias y cargándole su costo a toda la sociedad».

Por estos días, el correo privado OCA funciona con un respirador artificial que le colocó, por ahora, la Justicia. En gran parte de los países de Occidente el asunto sería un problema entre privados. En la Argentina, en cambio, el Estado queda apuntado desde el inicio como el factor determinante para alcanzar una solución. Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, dice que en los países federales las responsabilidades en los conflictos se reparten entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales. Sin embargo, en el campo sindical y social aquí los problemas suelen ser nacionales.

«El sistema sindical se estructura con grandes gremios y con la personería gremial que los hace sindicato único por actividad, que otorga el Ministerio de Trabajo, que es nacional. Las regionales de la CGT tienen poco poder. Todo está concentrado en la CGT nacional, más allá de sus divisiones. En este marco, los conflictos sociales se nacionalizan. OCA se transforma en un conflicto nacional, porque son 5000 puestos de trabajo que se pierden si la empresa cierra. El rol de la AFIP es relevante y esto implica la intervención de un organismo del Estado nacional», sostiene Fraga.

Semejante Estado generó instituciones enormes. Una de ellas es la AFIP, brazo del Gobierno encargado de cobrar impuestos. Según datos del Ministerio de Hacienda de junio de 2017, la carga fiscal del país se ubica en 32% del PBI. Supera en 40% el nivel promedio de América Latina y el Caribe (22,8%). Es un rango parecido al de los países más desarrollados del mundo que integran la OCDE (34,3%). Las soluciones que se le piden al Estado necesitan dinero. Mucho, constante, continuo. Hay que alimentar a la bestia.

Abram vuelve a su metáfora. «Durante décadas fuimos un pueblo niño. Elegíamos un juguete, nos cansábamos y en vez de guardarlo, lo rompíamos. Entonces golpeábamos los cuarteles para cambiar el juguete. Ahora somos adolescentes, sabemos que con la democracia se cambia a los gobiernos. Pero nos falta asumir las responsabilidades».

En sus últimos años, en otra Argentina, Jorge Luis Borges mantuvo diálogos radiales con el escritor Osvaldo Ferrari. Decía en uno de ellos: «Para mí el Estado es el enemigo común ahora; yo querría, lo he dicho muchas veces, un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Pero quizá sea preciso esperar. No sé si algunos decenios o algunos siglos, lo cual históricamente no es nada, aunque yo, ciertamente, no llegaré a ese mundo sin Estados. Para eso se necesitaría una humanidad ética, y además, una humanidad intelectualmente más fuerte de lo que es ahora, de lo que somos nosotros; ya que, sin duda, somos muy inmorales y muy poco inteligentes comparados con esos hombres del porvenir. Por eso estoy de acuerdo con la frase: ‘Yo creo dogmáticamente en el progreso'».

¿Podrá el país progresar, aunque sea un poco, en este sentido?

Por: Diego Cabot

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