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domingo , 17 noviembre 2019

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La mejor alternativa: lanzar una EduCard

Por Edgardo Zablotsky – Profesor de Economía, Universidad del CEMA

ÁMBITO.COM.- El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires crece día a día. El nuevo paro de 48 horas lleva a seis la cantidad de días sin actividad desde el comienzo del ciclo lectivo. Alrededor de 4.500.000 estudiantes han perdido el 50% de sus días de clase y los que han tenido lo han sido en medio de un clima de gran tensión. ¿Qué se puede aprender bajo esas condiciones?

Es de esperar que conflictos como éste incentivarán aún más el creciente éxodo de la escuela pública; muchos padres ya están realizando un importante sacrificio económico para proveerles a sus hijos una mejor educación. Cómo señala Gustavo Iaies, director del Centro de Políticas Públicas, «donde más se nota el cambio es en los sectores populares, porque las familias de ingresos más altos ya se habían ido de la escuela pública».

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La educación en la Argentina enfrenta una paradoja. Entre 2003 y 2010, el total de alumnos creció en 500.000, pero la matrícula en la escuela pública sólo se incrementó en 66.000 estudiantes; mientras que en los colegios privados el incremento fue de 445.000, un 87% del total. Los números hablan por sí solos.

En los últimos días, frente a la supuesta iniciativa de la Secretaría de Comercio de estructurar una tarjeta de crédito que reemplazase a aquellas que utilizan usualmente los consumidores en sus transacciones con los supermercados, diversas voces advirtieron, con total razón, el absurdo de generar un monopolio en un mercado en el cual las empresas compiten agresivamente por atraer a los clientes. Un monopolio genera importantes costos para los consumidores, qué mejor evidencia de ello que el virtual monopolio estatal de la educación. Al fin y cabo, aquellas familias carentes de posibilidades económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan al Estado como el proveedor monopolista de los servicios educativos que reciben sus hijos.

¿Por qué no estructurar una tarjeta alternativa; una tarjeta que permita eliminar una estructura monopólica en lugar de generarla? Ésta podría ser entregada a todos los padres de familia, o bien a aquellos que califiquen según un criterio de necesidad, con un único importe acreditado a ser aplicado cada mes ya sea en una institución educativa pública o privada. De esta forma parte del presupuesto educativo seguiría a los alumnos, y las familias, en un marco de equidad, tendrían una oportunidad sin precedentes para elegir la educación que habrían de recibir sus hijos.

El sistema no atentaría contra la educación pública, sino todo lo contrario. En primer lugar, ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar a sus hijos a una institución pública; de hacerlo, es porque opina que la alternativa privada elegida provee mejores servicios educativos. Las escuelas públicas deberían mejorar por la fuerza de la competencia; el sistema educativo sueco nos provee evidencia al respecto.

Muchos defensores de la educación pública considerarán esta propuesta absolutamente inadecuada, pero sería interesante llevar a cabo una estadística entre los miembros del Congreso de la Nación y los ciudadanos en altos cargos en el Poder Ejecutivo respecto del tipo de colegio en el cual cursan, o han cursado, la educación obligatoria sus hijos. ¿No sería acaso una sorpresa encontrar que una amplia mayoría de aquellos que defienden la educación pública para el resto de sus compatriotas extrañamente envían, o han enviado, a sus hijos a instituciones privadas? Para pensarlo, sería propio de una sociedad esquizofrénica.

*PUBLICADO EN ÁMBITO FINANCIERO, JUEVES 14 DE MARZO DE 2013.
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