lunes , 20 enero 2020

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Proponen limitar por ley el plazo para que el Poder Ejecutivo seleccione a los jueces

La fundación Libertad y Progreso presentó propuestas para contribuir en la mejora de la calidad e independencia del sistema judicial

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La fundación Libertad y Progreso presentó ayer una propuesta para mejorar la independencia y la eficiencia del Poder Judicial. El trabajo fue expuesto por sus autores, los abogados Francisco Cárrega y Rafael Gómez Diez, frente a consejeros académicos de Libertad y Progreso, representantes del PRO, Unión por Todos, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Conciencia, Abogados por la Concordia y la Justicia y la fundación Naumann.

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“Es necesario acelerar el proceso de cobertura de vacancias”, afirmó Gómez Diez, como una necesidad para corregir uno de los principales factores que hoy deterioran la independencia en el Poder Judicial.

En este sentido, el proyecto de Libertad y Progreso postula que se fije un plazo máximo de 45 días para que el Poder Ejecutivo se expida sobre las ternas de candidatos a jueces presentadas por el Consejo de la Magistratura. El silencio se asumiría como una aprobación tácita de la propuesta de designación que en primer término hubiese recomendado el Consejo. El mismo plazo debería aplicarse para que el Senado preste acuerdo y posteriormente se designe formalmente al candidato.

Recientemente, se conoció por los medios que el 24% de los cargos de magistrados en la Justicia Nacional y Federal están vacantes. Además, el Poder Ejecutivo acumula 80 ternas pendientes de decisión, de las cuales 36 tienen más de dos años.

Preselección de candidatos

A propósito, Cárrega explicó: “Adherimos a la idea de preseleccionar por anticipado los candidatos”. Así, una vez que se produce una vacante, automáticamente, se estaría en condiciones de cubrirla. Hoy, sólo luego de producida la vacante, se llama a concurso. A ese respecto, se destacó que el Consejo de la Magistratura tiene actualmente en trámite 146 vacantes de las cuales en 63 todavía no se ha llamado a concurso.

La propuesta también incluye prohibir y sancionar el lobby directo o indirecto tendiente a influir en las decisiones de los consejeros y jurados. En otro orden, reducir a seis meses el plazo de caducidad de las denuncias contra magistrados (hoy son tres años) e instruir la posibilidad expresa de que sean rechazadas cuando los fundamentos sean comprobadamente inverosímiles. El fin es evitar, según expuso Gómez Diez, “que estas denuncias puedan constituir un factor de presión desmedido sobre el ejercicio de las funciones de los jueces”.

Despolitización del Consejo

Otro de los aspectos que se desarrolla en la propuesta presentada ayer, es la despolitización del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento que actualmente conspira en su necesaria independencia para seleccionar y sancionar magistrados. Los autores de la propuesta explicaron que el porcentaje de participación política en el Consejo de la Magistratura es uno de los más altos en el derecho comparado: 53,8% (7 de los 13 miembros son representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo). Además, los 5 representantes del oficialismo pueden por si solos bloquear las decisiones que requieran mayoría agravada de dos tercios, entre otras, para conformar ternas de candidatos, imponer sanciones y formular acusación contra magistrados.

También se recomendó introducir un sistema de premios y castigos para magistrados, funcionarios y empleados, en función de la valoración objetiva de sus servicios.

La propuesta de Libertad y Progreso también incluye la necesidad de modernizar el proceso judicial en su integridad. “No puede ser que juicios simples duren años y algunos complejos décadas”, alertó Cárrega. Para eso debe intensificarse el uso de la informática que permita prescindir de procedimientos anacrónicos como lo son la costura y pase de expedientes o la remisión de pedidos de informes.

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