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sábado , 20 julio 2019

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El espejismo de la gobernabilidad

Por José Miguel Onaindia – Para Perfil

Hay una convicción arraigada en la mayoría de los argentinos acerca de que el peronismo es la única fuerza que garantiza “la gobernabilidad”. Creo que esta apreciación tiene más el fundamento de una “verdad revelada” que la que puede comprobarse mediante el análisis de la historia y el presente.

No desconozco los motivos de este dogma laico: los gobiernos civiles posteriores a 1955 de origen no peronista concluyeron en forma abrupta sus mandatos. No obstante, estos hechos indiscutibles no se analizan en armonía con otros de igual certeza: en paridad numérica, cuatro gobiernos peronistas tampoco concluyeron sus mandatos (Perón, en 1955; Isabel Perón, en 1976; Rodríguez Saá, su fugaz paso como presidente provisional en diciembre de 2001, y Eduardo Duhalde, quien anticipó la entrega de su gobierno al 25 de mayo de 2003).

Pero el análisis de la gobernabilidad excede un cuadro comparativo entre quienes concluyeron y quienes no sus mandatos. Es esencial hurgar en el concepto para poder poner en crisis esa opinión tan arraigada en la percepción argentina.

¿Qué significa entonces “gobernabilidad”? El término empieza a difundirse en nuestro derecho constitucional luego de la década de 1970, con el retorno de las instituciones democráticas en Latinoamérica. Alude a la cualidad de sostener un sistema político dentro de un conjunto de reglas que distribuyen funciones y competencias entre distintos órganos de gobierno.

Pero ésta no puede analizarse en forma escindida de un calificativo que la torna esencial en un régimen que adhiere a los principios del movimiento constitucional: el de “democrática”. Después de todo, el ejercicio sin interrupciones del gobierno no implica que exista “gobernabilidad democrática”.

Ahora bien, en este orden de ideas: ¿asegura el peronismo, en su versión actual, la gobernabilidad democrática? Las carencias en materia institucional son frecuentemente destacadas por sus observadores críticos. Incluso, recientemente, la Fundación Libertad y Progreso ubicó al país en el puesto 125 del índice de calidad institucional, sobre un total de 194 evaluados.

Es cierto que la reforma de 1994 diseñó un sistema “hiperpresidencialista”, pero la ejecución que se ha realizado durante el período kirchnerista de sus instituciones lo ha dotado de un desborde inusitado en beneficio del Ejecutivo. El uso ordinario de las facultades colegislativas del presidente (decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa, veto parcial de leyes) produce una clara afectación del principio de división de poderes y corroe la función natural del Congreso como gestor de los consensos para la adopción de normas.

El órgano judicial tampoco goza de independencia ni capacidad en la resolución de conflictos. El Consejo de la Magistratura tiene un fuerte predominio de la mayoría política de turno; hay un gran porcentaje de juzgados vacantes y las investigaciones sobre actos de corrupción administrativa no avanzan. El incumplimiento de las sentencias por parte del órgano ejecutivo (caso Anses) o de una provincia (caso Santa Cruz) exhibe la falta de sujeción a las decisiones judiciales.

No obstante estos ejemplos, el mayor ataque al sistema lo da el kirchnerismo en el campo simbólico. El uso de los medios públicos para propaganda o para el lanzamiento de candidaturas del partido gobernante, el “periodismo militante” y el uso intensivo de la cadena nacional alejan el sistema de la Constitución y de las concepciones más modernas de las democracias contemporáneas.

La descalificación permanente del pensamiento opositor y –peor aún– el estigma sobre quienes lo sostienen configuran un ejercicio del poder alejado de los fundamentos políticos, jurídicos y axiológicos que fundan el sistema y constituyen sólo un espejismo de su correcto funcionamiento.

En tiempos electorales, es importante meditar sobre temas que exceden la puja electoral. Finalmente, deberemos decidir en las urnas qué tipo de gobernabilidad deseamos para nuestra convivencia.


*Abogado, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural en UBA, Flacso, UNC, UP.

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