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jueves , 18 julio 2019

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El otro 9 de Julio

Se cumplen este año 195 años de la culminación del proceso que se inició el 25 de Mayo de 1810 cuando se instauró  la «Primera Junta de Gobierno» cuya denominación completa fué «Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII «.

El 9 de Julio de 1816 en Tucumán los representantes de las entonces » Provincias Unidas en Sudamérica » declararon » solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron depojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli «.Esta declaración podría encuadrarse en lo que ha dado en llamarse » El derecho a la autodeterminación de los pueblos «. En función de él, la lucha antiimperialista culmina con la designación de un gobierno propio cuya función costó años de luchas intestinas definir. Finalmente, el 1° de Mayo de 1853 la Asamblea Constituyente reunida en San Nicolás aprobó la Constitución que Don Justo José de Urquiza promulgó el 25 de Mayo y que las Provincias, con la excepción de la de Buenos Aires, juraron el 9 de Julio.

Pese a las reformas posteriormente introducidas su espíritu sigue vigente ya que los agregados no eliminaron del Capítulo de Declaraciones de Derechos y Garantías lo originalmente reconocido a todos los habitantes del suelo argentino a los que se aseguran los beneficios de la libertad. Previendo toda aspiración hegemónica y totalitaria de los eventuales elegidos para desempeñar el cargo de «Presidente de la Nación Argentina» en el poco recordado Artículo 29 los constituyentes establecieron que «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías , por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de infames traidores a la Patria «.

La persistencia del espíritu original de nuestra Constitución debería ser un dato ineludible en el debate político. Hace estéril la discusión sobre derechas o izquierdas y nacionalistas o liberales. La misma debería estar contenida por la constitucionalidad ó inconstitucionalidad de las distintas propuestas. Hablar de «modelo» cuando en su Artículo 1.- está establecido que : «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución» es cuanto menos testimonio de la ignorancia de quien lo propone.

Es también absurdo que quienes creemos y aspiramos a la restauración de los valores y principios fundacionales de nuestra organización como Nación seamos de «derecha». Es plantear que quienes confiamos en la potencialidad de cambio de la libertad ejercida en todos los aspectos reconocidos hace 158 años, si somos coherentes en nuestro pensamiento,  nos convertimos en émulos de López Rega.

El parámetro para evaluar las propuestas debería ser  lo que está claramente establecido en el Artículo 28.- que dice : «Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio». Lo anterior no pretende poner un límite a la expresión de las ideas, aún de las de los que descreen de los derechos individuales cuya garantía constituye la esencia de lo reconocido por todos nuestros constituyentes.

La libertad para la expresión de las ideas está reconocida junto a los demás derechos enunciados en el Artículo 14.- Aquellos cuyas concepciones  difieren de las contenidas en el texto constitucional tienen una vía para anular los derechos, aunque reiteradamente violados todavía reconocidos a los habitantes de nuestro suelo, en el texto del «Artículo 30.- La presente Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto». Hasta lograr esa mayoría calificada podrán predicar con libertad lo que quieran pero en el entre tanto , bajo el imperio de una Justicia independiente, deberán someterse a lo que nuestra Constitución establece.

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