-Por Daniel Raisbeck*, editor revista Certamen, Colombia-
En la presente campaña por la alcaldía de Bogotá, el puesto político más importante en Colombia tras la presidencia, los candidatos “coinciden en que la corrupción es el peor mal que enfrenta” la capital, tal como reporta RCN. El despilfarro de los recursos estatales se ha convertido en el tema central del momento tras el surgimiento de una serie de escándalos en los últimos años.
Entre los más notorios está el caso de Agro Ingreso Seguro, un programa implementado durante el gobierno de Álvaro Uribe con el fin de “reducir la desigualdad en el campo”, pero que en realidad se usó para otorgar “millonarios beneficios a familias que ya eran solventes” y cercanas al gobierno de turno. A fines de 2010, también surgió en Bogotá el escándalo del llamado “carrusel de la contratación”, un ardid entre políticos y contratistas que logró despojar más de 2 billones de pesos (más de mil millones de dólares) supuestamente destinados a la construcción de infraestructura por medio del “peculado, prevaricato, cohecho y celebración indebida de contratos”. Como resultado, el alcalde de Bogotá elegido en 2008, Samuel Moreno, del Polo Democrático Alternativo de izquierda, ha sido suspendido de su cargo, mientras que su hermano Iván Moreno, actual Senador por el mismo partido, se encuentra en la cárcel junto a decenas de otros antiguos congresistas procesados por tener vínculos con los grupos paramilitares o por otros crímenes.
Dentro de este milieu político, cada uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá está haciendo todo lo posible por ser visto como un cruzado contra el flagelo de la corrupción. Uno de ellos es el Sr. Gustavo Petro, un antiguo miembro del grupo guerrillero M-19 que luego llegó al Senado por el Polo Democrático y ahora lidera el movimiento ‘Progresistas’. Según Petro, “la concepción de ciudad” está “colapsada” por la corrupción, problema que él naturalmente resolverá. La Sra. Gina Parody, antigua senadora del uribista Partido de la U y ahora candidata independiente, plantea algo similar por medio de su ‘manual de transparencia’. Los demás candidatos usan un discurso muy parecido.
Dado que el problema central es el Estado derrochador, a mí por lo menos me produce muy poca confianza oír a una serie de políticos profesionales, es decir, individuos que únicamente saben vivir del Estado, haciendo promesas de toda índole acerca de la honestidad y la transparencia que regirá tan pronto sean elegidos. Mi escepticismo surge por una razón muy sencilla: los políticos, como de costumbre, pretenden usar el poder del Estado para solucionar un problema, excepto que en este caso el Estado mismo es el problema.
En realidad, la corrupción es sólo un síntoma- o tal vez la conclusión lógica- del desmedido crecimiento del leviatán estatal, el cual oprime al contribuyente al fisco colombiano bajo un despotismo tributario casi sin paralelos en el planeta.
Una tasa de impuesto de renta que se encuentra entre las más altas del mundo es sólo la punta del iceberg. Luego se encuentra el impuesto del ‘4 x 1.000’, un gravamen sobre las transacciones monetarias que resulta tan rentable para el Estado como devastador para las finanzas del individuo. También están los impuestos locales aparte de los nacionales; un IVA del 16%, el cual no es exactamente bajo; el impuesto sobre vehículos automotores pese al hecho que el Estado, al imponer el ‘pico y placa’ en las principales ciudades del país, no permite que el dueño de un automóvil haga pleno uso de su propiedad; y, para un grupo selecto, el impuesto a la guerra, hoy bautizado con el eufemismo de ‘impuesto al patrimonio’. A esta lista se le puede agregar el pago adicional de la vigilancia privada, el cual surge porque el Estado, pese a disponer de una enorme fuente de ingresos que le permite armarse hasta los dientes, es incapaz de garantizar la seguridad física del ciudadano y de sus bienes.
Pese a esta realidad, la cual tiende a confirmar el viejo adagio de que en Latinoamérica se pagan impuestos escandinavos para recibir servicios africanos, todavía no he oído a candidato alguno sugerir que una potencial solución al problema de tener una clase de políticos corruptos controlando el Estado es tener menos políticos y menos Estado.
Es una propuesta muy sencilla y se basa en la idea de la libertad: si se cobraran menos impuestos y hubiera menos chanfainas burocráticas para alimentar, el Estado tendría menos dinero a la hora de ser saqueado, mientras que el individuo, en vez de verse obligado a sostener a la faraónica clase política, sería más libre en la medida que podría disponer de una mayor porción de sus ingresos de la manera que considere apropiada.
Ningún político propone tales soluciones por razones bastante obvias: primero, en un país donde 102 senadores representan a 45 millones de habitantes (los 311 millones de ciudadanos en EEUU requieren sólo 100 senadores), ninguno de los partidos tradicionales va a introducir medidas que corten su propio sustento. Segundo, la clase política colombiana, por lado y lado del espectro ideológico, gobierna en base a una fe ciega en el Estado como ente capaz de engendrar la felicidad en la tierra.
Desde el entusiasmo de la izquierda a la hora de usar el Estado como herramienta para imponer la igualdad económica, hasta la eterna disposición de la derecha por implementar la prohibición de la droga por medio del aparato militar, el estatismo reina en Colombia, y casi en ninguna instancia con resultados alentadores.
Si hace doscientos años nuestros ancestros se encontraban en medio de la lucha por librarse de un distante poder colonial, hoy en día es necesario que el ciudadano se libre de una atrincherada clase política parasitaria y de un Estado usurpador, ineficiente y crecido fuera de toda proporción.
Daniel Raisbeck
*estudió Clásicos e Historia en Berlín, Alemania.
[...] Este artículo fue publicado originalmente en la revista Libertad y [...]