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sábado , 7 diciembre 2019

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Paradojas de los «indignados»

Por Alberto Benegas Lynch (h)

El año pasado Stéphane Hussel publicó en París un panfleto dirigido principalmente a los jóvenes invitándolos a la rebelión no violenta, titulado Indignez-vous!, que vendió un millón y medio de copias y se tradujo al español, portugués, alemán, japonés, italiano, inglés y griego. La versión española es la que primero prendió en sus lectores y, como consecuencia, a través de las redes sociales Facebook y Twitter miles de jóvenes se congregaron primero en la Puerta del Sol en Madrid y luego lo hicieron en Granada, Valencia, Zaragoza y otras ciudades, con la solidaridad expresada en otras capitales del mundo.

Hussel, un sobreviviente de los campos de exterminio nazi (alemán de nacimiento pero desde hace mucho ciudadano francés), no ha comprendido las raíces del entrometimiento de los aparatos estatales en las vidas y haciendas ajenas: es un acérrimo partidario del «Estado benefactor», esa contradicción en los términos, ya que el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno no puede hacer filantropía ni caridad, una predisposición que requiere actos voluntarios realizados con recursos propios y no succionando compulsivamente el fruto del trabajo de terceros.

Es increíblemente curioso y por cierto muy paradójico que la gente sea explotada miserablemente por intervencionismos estatales inmisericordes y, simultáneamente, las víctimas pidan más de lo mismo.

Por ejemplo, legislaciones sindicales compulsivas, aberrantes sistemas de inseguridad social, inauditos gastos gubernamentales, astronómicas deudas públicas, críticas situaciones del esquema educativo estatal, disposiciones laborales que bloquean las posibilidades de trabajar, deterioro del signo monetario. También los seudoempresarios en cópula permanente con los gobiernos, los controles directos o indirectos de precios, la pesada burocracia que obstaculiza actividades lícitas, los impuestos confiscatorios, las regulaciones bancarias que colocan a las entidades financieras en estado de insolvencia permanente, las ayudas a corporaciones industriales, comerciales y financieras con recursos detraídos de los contribuyentes, las reglamentaciones contraproducentes para el comercio exterior, las corrupciones alarmantes, la burla grotesca a la democracia como mecanismo de respeto a los derechos de las minorías, y, en definitiva, promesas extravagantes y fantasiosas que sólo se llevan a cabo para ganar elecciones.

A pesar de todo esto, los dirigentes de lo que en España se ha dado en llamar «la revolución de los indignados» o el movimiento 15-M (por el 15 de mayo en que comenzaron las manifestaciones callejeras), independientemente de las últimas elecciones comunales y municipales, protestan contra un capitalismo inexistente y demandan más intromisión del aparato estatal en todos los niveles concebibles.

A nuestro juicio esta notaria contradicción en gran medida se debe a lo que viene ocurriendo con la educación principalmente estatal (mal llamada pública, puesto que la privada es también para el público), con lo que se le debe otorgar la razón al marxista Antonio Gramsci en aquello de «tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura». También se debe a las reiteradas promesas de imposible cumplimiento por parte de demagogos incrustados en los dos partidos políticos mayoritarios. En otros términos, las multitudinarias marchas de jóvenes hartos de tanta malaria política y con un desempleo del 21% que se eleva al 40% en la franja de los «indignados» están sujetas a una operación tenaza que sólo puede revertirse si se considera seriamente lo que en verdad significa una sociedad abierta, en lugar de pedir mucho más de lo mismo.

Veamos sólo dos de los 16 puntos del «Manifiesto de los indignados» (algunos lamentablemente ya plasmados en la Constitución española), que aunque, según se declara, «no es definitivo» y ha producido ciertas grietas entre los participantes, resultan de interés ya que estimamos que representan el espíritu que flota en estas movilizaciones.

Estos reclamos se encabezan con la «protección al derecho de una vivienda digna», lo cual revela un desconocimiento palmario del significado del derecho que necesariamente tiene como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un salario de 1000, existe la obligación universal de respetar ese ingreso; pero si esa persona alega un derecho a 2000 aunque no obtenga esa retribución por su trabajo y el gobierno otorga semejante derecho, quiere decir que otro estará obligado a proporcionar la diferencia, con lo que ése verá afectado su derecho al fruto de su trabajo, lo cual, a su turno, se traduce en un seudoderecho.

Todos nuestros ancestros provienen de situaciones miserables (cuando no del mono); el progreso no se logra atacando la propiedad del vecino sino respetándola. Esa es la única diferencia entre un país pobre y uno próspero; no se trata de latitudes geográficas, de recursos naturales ni de etnias, sino de marcos institucionales civilizados. El respeto irrestricto a los derechos de quienes obtienen legítimamente sus patrimonios permite optimizar las tasas de capitalización que constituyen el motor de la elevación de ingresos y salario en términos reales.

El segundo de los postulados es la «recuperación de las empresas privatizadas», sin percatarse de que las ventajas del proceso de mercado significan que el cuadro de resultados mostrará quiénes son capaces de servir a sus semejantes (en cuyo caso obtienen ganancias) y quiénes no dan en la tecla (en cuyo caso incurren en quebrantos). Como los bienes y servicios no crecen en los árboles, la asignación de derechos de propiedad hace posible que se prioricen los usos más urgentes a criterio de los consumidores. Sin duda, esto no ocurre cuando los empresarios reciben privilegios, prebendas y subsidios de los gobiernos, en cuyo caso se convierten en barones feudales, cazadores de privilegios y ladrones de guante blanco.

Por su parte, la empresa estatal inexorablemente se traduce en la alteración de las prioridades de la gente, puesto que su sola instalación implica detraer los siempre escasos factores de producción a campos distintos de los que se demandan (si coincidieran con los que se requieren no habría necesidad de emplear la fuerza). Si, además, la empresa estatal es monopólica, deficitaria y presta malos servicios, éstas son agravantes, pero el elemento central es el problema de mala asignación que acarrea la mera existencia de la empresa estatal (y, dicho sea de paso, la expresión «empresa estatal» es un contrasentido, puesto que una empresa arriesga recursos propios de modo voluntario y no compulsivamente el fruto del trabajo ajeno).

Hay algunos de los reclamos que a primera vista parecen razonables, como el rechazo a las reiteradas propuestas del Fondo Monetario Internacional, pero desafortunadamente es por los motivos equivocados: los manifestantes de marras creen que se trata de una muestra cabal del capitalismo cuando en verdad se trata del más burdo intervencionismo estatal.

Como han señalado economistas de la talla de Peter Bauer, Melvin Krauss, Anna Schwartz y Karl Brunner, el FMI es la entidad responsable de la existencia de los países del Tercer Mundo al prestar a bajas tasas de interés, con extensos períodos de gracia y waivers descomunales a gobiernos que ayudan a consolidar en sus puestos, pero que son corruptos y estatistas y que, por esas razones, esos países ven fugarse sus más destacados cerebros y cuantiosos capitales en busca de mejores horizontes. Ahora hay sorpresa al constatar que el número uno de la institución de referencia ha sido detenido por violación a una mucama de un hotel en Manhattan, pero es lo que venía haciendo junto a sus colegas con esmerada fruición a todos los contribuyentes a los que se les arrancan recursos para financiar el FMI.

Este cuadro de situación se ve agravado por lo que viene ocurriendo en Estados Unidos. Las presidencias de George W. Bush significaron el crecimiento más alto de los últimos 80 años en la relación del gasto federal con el producto bruto interno. Bush convirtió en déficit la situación superavitaria que le había dejado su predecesor, solicitó cinco veces autorización al Congreso para elevar la deuda estatal y decretó los «salvatajes» para empresas irresponsables, ineptas o ambas cosas a la vez.

A través de empresas paraestatales, obligó a que se entregaran préstamos hipotecarios sin las garantías suficientes. Engrosó notablemente las regulaciones que incluyen trabas burocráticas para la operación de nuevas calificadoras. Y ahora Obama hace mucho más de lo mismo, con más entusiasmo y convicción que su antecesor, lo cual naturalmente no ofrece un buen ejemplo a los españoles.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.

 

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